“El gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo cada vez tienen menos escrúpulos para proteger a jueces apretadores como el vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva, y para castigar sin piedad a los que osan levantar la voz en contra de ellos”, afirmó el legislador opositor José María Canelada (UCR) luego de que la fiscala Mariana Rivadeneira decidiera solicitar la exclusión como prueba de los audios del juez Enrique Pedicone que sustentan su denuncia contra Leiva (se informa por separado).
“Rivadeneira es sinónimo de impunidad en las fiscalías de Tucumán. No es casualidad que (Edmundo) ‘Pirincho’ Jiménez haya convertido a dedo a Rivadeneira en una de las fiscalas que recibe las denuncias contra funcionarios. No es la primera vez que aquella actúa de un modo complaciente con el poder: es la misma fiscala que, en menos un mes, cerró la causa contra (el senador José) Alperovich por enviar empleados del Estado a refaccionar la casa de su hija (Mariana Alperovich)”, recordó el legislador opositor.
Canelada expresó que el Ministerio Público Fiscal que dirige Jiménez debía ser el más celoso en cuanto a la capacidad de investigar y juzgar a los corruptos, pero que Rivadeneira y sus colegas actuaban como defensores del vocal. “Es la mejor defensa que pudo contratar Leiva: un defensor que pagamos todos los tucumanos. Rápidamente fue el Ministerio Público Fiscal quien argumentó a favor del vocal de la Corte para utilizar el Código Procesal Penal viejo con el objetivo de no permitir toda la transparencia que trae el nuevo. Y ahora es el que resuelve no usar la prueba fundamental de los audios”, cuestionó. Y añadió: “para entender la gravedad de la situación hay que dimensionar que la fiscala está desistiendo de investigar la causa penal relacionada a la corrupción institucional más grave de la historia de Tucumán. Rivadeneira fulminó toda posibilidad que los tucumanos podamos creer en la Justicia independiente”.
En el parte de prensa que emitió ayer, Canelada aseguró que el Ministerio Público Fiscal tenía una doble vara y que “valoraba las pruebas según quien estuviese al frente”: “no hace falta más que ver las publicaciones periodísticas de hace casi un año, cuando el representante del Ministerio (Daniel Marranzino) anunció durante un juicio por hechos de corrupción que el audio que habían presentado los denunciantes ‘era una prueba perfectamente válida’ y finalmente fue la clave para la condena (del concejal talitense con licencia Agustín Ruiz). Ahora, si es Leiva el grabado, hay una violación a la intimidad. La única política que sigue a rajatabla el Ministerio Público Fiscal es proteger a los poderosos”.
Canelada opinó que la historia de Pedicone se estaba convirtiendo “en una saga con final anunciado”. “El camarista denuncia con pruebas a un vocal de la Corte que le pide manipular causas judiciales, y la respuesta que recibe son panfletos y publicaciones en su contra; una embestida institucional sin precedentes por parte del oficialismo, y, ahora, la destrucción judicial de las pruebas del apriete de Leiva. Y en contrapartida vemos cómo se protege al juez apretador, con el silencio cómplice de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (Claudia Sbdar), asesora del mandatario Alberto Fernández. Todo un círculo de impunidad”, reflexionó.